El aprovechamiento, los diversos usos, la tenencia, la propiedad o la posesión de la tierra han estado históricamente en el centro de la vida de la población campesina y rural, así como han formado parte de los debates políticos y de las medidas económicas aplicadas en cada momento. De hecho, la tenencia de la tierra ha constituido la base de las relaciones políticas y sociales, y también, de muchos de los conflictos existentes en el campo. Constituye un componente destacado de la cultura y de la identidad de la población rural y de la propia imagen que la sociedad rural transmite al exterior. Para un buen análisis y debate es fundamental conocer los datos al respecto que –como explica el artículo- nos revelan algunas conclusiones importantes.

En febrero del 2008, el parlamentario andaluz por Málaga, Antonio Romero, reveló en una carta enviada a Manuel Chaves que la propiedad de la tierra en Andalucía está hoy más concentrada en menos manos que en 1.930. Romero llama la atención sobre la cuestión de la propiedad de la tierra en Andalucía, y afirma que según el Instituto de Estadística de Andalucía, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, “en Andalucía en el año 30, 5.400 fincas sumaban el 43,24% de las tierras de Andalucía, y en los años 90, 5.980 fincas cuentan con una superficie de correspondiente al 55,05% del total de tierras agrarias que hay en Andalucía.

Estas declaraciones explican muy gráficamente como la concentración de la tierra lejos de disminuir va aumentando, dibujando una enorme complejidad para las actividades agropecuarias en un futuro. El proceso de urbanización avanza y como consecuencia la emigración rural no cesa; el despoblamiento rural en determinadas provincias y comarcas es dramático; el porcentaje de activos agrícolas disminuye a cada estadística nueva que se publica; el número de fincas agropecuarias es cada vez menor y las que sobreviven cada vez concentran más cantidad de tierra y; los y las jóvenes que se incorporan  a la actividad agrícola son muy pocos pues es casi imposible conseguir tierra agrícola por la fuerte presión especulativa que existe sobre ella.

Primera Idea. El 10% de la población española vive y gestiona el 80% del territorio.

La población rural española sigue disminuyendo y año tras año las estadísticas demográficas muestran  la sangría de población que vive el medio rural.  Las causas son diversas; en determinadas comarcas de Andalucía, Extremadura o Galicia la emigración sigue ligada a la falta de oportunidades económicas o laborales de las familias. En otras zonas la emigración se continúa concentrando en la población juvenil. En las comarcas rurales donde ya el índice de despoblamiento es muy grave no existe tasa de reposición, y la mortalidad de las personas ancianas unida a la falta de nacimientos hace que la población disminuya. Sólo determinadas comarcas agrarias, donde el desarrollo ha sido intensivo en capital y mano de obra, la población aumenta incluso con inmigrantes en busca de oportunidades de empleo.
Figura 1. Mapa del despoblamiento en  España. Nivel municipal

Elaboración propia a partir de los datos de INE. Censo de Población y Vivienda del año 2009

En verde los municipios con densidades de población por debajo de los 10 habitantes por Km₂ y en amarillo los municipios con densidades inferiores a los 50 habitantes por Km_2.

El mapa del despoblamiento en el Estado español es grave. De un total de 326 comarcas en las que se divide el territorio del estado 138 concentran el 90%. Por lo tanto, el 10% del resto de la población, es decir en torno a 3.900.000 de personas se distribuye a lo largo de 188 comarcas. Todas estas comarcas tienen una densidad de población menor a los 10 habitantes por Km_2, indicador que marca la Unión Europea como de ‘crítica recuperación demográfica’.

Si analizamos los padrones de los años 2006 y 2009 vemos como salvo en el tramo de municipios de menos de 100 habitantes, la población ha disminuido perdiendo el medio rural un total de 112.712 personas.

La población rural además de utilizar la tierra para la actividad agropecuaria, vive dentro o alrededor del 90% de los espacios naturales protegidos. Los pueblos donde residen están rodeados de las masas forestales más importantes de España, gestionan montes y prados comunales o residen al lado de lagos, lagunas y humedales muy significativos. Al mismo tiempo pasean a la vera de ríos y riachuelos y en el territorio se concentra el 80% de las especies silvestres protegidas.

Segunda Idea.  Disminuye el número de unidades de producción agropecuaria pero al mismo tiempo aumenta el tamaño de las mismas y la tierra que utilizan.

Este proceso es constante desde hace tres décadas y tiene varias explicaciones. La crisis y endeudamiento de las fincas agropecuarias se produce sobre todo en aquellas de un tamaño medio. Además el proceso de cierre de una finca implica que normalmente tierras, cuotas y demás bienes sean adquiridos por otra finca de la zona. También, con las dificultades actuales, la sucesión en la propiedad de la tierra por parte de la persona de la familia que decide continuar con la actividad lleva a la concentración de tierras que antes trabajaban varias personas de la familia. Y, por último y muy importante, las políticas de ayuda de la UE han favorecido esta concentración.

Figura 2. Evolución del número de explotaciones con tierras, de la Superficie Agraria Utilizada y del número de parcelas.

FUENTE: elaboración propia a partir de datos del Censo Agrario hasta 1999 y Encuesta de explotaciones agrarias del año 2007

Tercera Idea. La gran propiedad continúa acaparando tierra en España.

Una de las constataciones que apreciamos es que el proceso de reconversión que ha vivido el sector agropecuario español desde la entrada en la Unión Europea se ha concentrado sobre todo en las explotaciones de un tamaño medio y medio-pequeño. El número de unidades de producción de un tamaño muy pequeño se han logrado mantener porque la renta familiar se sustenta en otras actividades complementarias. Si analizamos el último tramo con más detalle veríamos que las fincas que tienen más de 1.000 Has de tierra total, son poco más de 5.000 explotaciones, un 0’3%, y manejan el 16% de la superficie agraria útil total del territorio español, destacando el hecho de que apenas utilizan en muchos casos el 50% de sus disponibilidades de tierra.

Figura 3. Clasificación de las fincas agrícolas en función de la cantidad de tierra que manejan

Si llevamos estos datos sobre un mapa de comarcas veremos una imagen muy clara. En marrón ocre señalamos aquellas comarcas donde las explotaciones de más de 1.000 Has superan el 50% de la tierra total, en marrón claro aquellas comarcas donde estas explotaciones ocupan entre un 30 y un 50%. En amarillo cuando la gran explotación se sitúa entre el 20 y el 30%. En beige aquellas comarcas en las que ocupa entre el 10 y 20% y los otros dos colores, blanco y gris aquellas comarcas donde es inferior al 10%

Figura 4. Clasificación de las provincias según el Tamaño medio de las explotaciones con tierras que poseen más superficie. Censo Agrario de 1999

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del INE. Censo Agrario. 1999.

¿De quién es la titularidad de estas grandes explotaciones? Destacan dos grupos. Por un lado aquellas grandes explotaciones propiedad de sociedades mercantiles (excluidas cooperativas y sociedades agrarias de transformación) y por otro, entidades públicas como ayuntamientos, institutos, empresas públicas y demás. Señalar cómo de la totalidad de tierra disponible por las entidades públicas, apenas el 20% es superficie agraria útil, es decir, mayoritariamente estamos hablando de tierra forestal o monte.

Figura 5. Titularidad de las explotaciones con más de 1.ooo Has de tierra

Cuarta idea. Las sociedades mercantiles aumentan en la actividad agrícola y dominan la gran propiedad.

En los últimos 10 años el número de sociedades no cooperativas propietarias de fincas agrícolas se ha duplicado y van acumulando un porcentaje importante de tierra agrícola. No tenemos en este momento todavía datos reveladores de que agroindustrias o grandes empresas agroalimentarias se están haciendo con un verdadero imperio. Sabemos que grupos empresariales como Ebro, Siro, Gullón o Pascual acumulan cada una de ellas más de 10.000 Has de tierra.

En el siguiente mapa podemos ver  a nivel comarcal el porcentaje de tierra propiedad de sociedades mercantiles y de esta manera comprobar cómo en determinadas zonas el perfil del agricultor/a ya ha cambiado de forma radical. En verde oscuro se muestran las comarcas en las cuales el porcentaje de superficie propiedad de las empresas es inferior al 1%, en verde claro entre el 1 y el 2,5%, en amarillo claro hasta el 5%, en naranja hasta 7,5%, en rosa hasta 10%, en rojo hasta 15%, en granate hasta el 25% y finalmente, en color vino, las comarcas que superan este porcentaje. En total existen 16 comarcas en las cuales se supera este valor.

Figura 8. Porcentaje de superficie propiedad de las sociedades mercantiles.

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Censo Agrario del año 2009

Es en la zona norte (Galicia, Asturias, Cornisa Cantabria y Norte de Castilla y  León) es donde existe una menor influencia de las empresas, en contraposición con la zona sur, donde salvo en algunas comarcas de Andalucía oriental, se supera el 10% de la superficie en manos de las empresas. Hay una significativa presencia de empresas en la zona de agricultura más intensiva, así como en las mesetas. De hecho, de las dieciséis comarcas en las que se supera el 25%, diez son andaluzas y están repartidas básicamente entre las provincias de Sevilla, Huelva y Cádiz.

Quinta Idea. El precio de la tierra agrícola aleja la posibilidad de instalación de pequeños agricultores y agricultoras y facilita la especulación

Una de las limitaciones más fuertes de acceso a la tierra es la propia naturaleza jurídica  de la tierra. El hecho de que la tierra haya terminado siendo tratada como un auténtico bien privado, fuera de toda regulación pública y al margen de cualquier objetivo de interés social (salvo el de las supuestas ‘infraestructuras para el bien común’) determina que su mercantilización haya sido absoluta.

La tendencia general de crecimiento de los precios de la tierra es clara. Desde 1993 hasta 2008 se ha acumulado una tasa media de crecimiento anual del 5,6%. Sin embargo en el año 2008 se acusó un primer descenso que se consolidó en el año 2009. Los precios de la tierra han bajado en 2009, el 4,6% en términos nominales.  La crisis generalizada, que ha tenido un impacto muy fuerte sobre los bienes inmuebles tanto edificaciones como suelo, afectando claramente también a la tierra rústica, así como un aumento de la oferta (se incrementó en el año 2009 un 39% sobre la existente en el año 2008) son las explicaciones  de la bajada de precios. El precio medio nacional por Has de tierra agrícola se sitúa en los 10.485 euros.

Conclusión

La mercantilización de la tierra está en la base de las desigualdades sociales en el medio rural, y entre este y el medio urbano. Es necesaria una recalificación de la naturaleza jurídica de la tierra que haga de ésta, y de su uso agrícola campesino, un bien público. Desde esta base deben desarrollarse políticas regulatorias sobre la tierra que faciliten, por ejemplo, el acceso de jóvenes o grupos interesados en ella para repoblar el campo, así como defina criterios de uso sociales y/o ambientales. En definitiva en el estado español es necesaria una Reforma Agraria integral, justa y sostenible.

Discriminación estadística: En la elaboración de este artículo se ha apreciado lo complicado que es obtener información desagregada por sexo. Ésta falta de información es una reivindicación histórica y muy actual de los movimientos rurales feministas, pues impide que se pueda dar visibilidad a la presencia de las mujeres. ¿En qué modelos y tamaño de tierras están trabajando? ¿Tienen acceso o no a la propiedad? ¿En qué territorios y por qué?

Fernando Fernández Such (*)

Agricultor y miembro del Consejo Editor

Artuculo publicado en el numero 4 de la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas.

El artículo de J. Lamo de Espinosa “La lucha contra el déficit: ¿una nueva desamortización?” publicado en ABC el pasado  27-5-2010 propone  la venta de la parte enajenable de las tierras comunales aún existentes, aunque por lo general bastante desnaturalizadas ya, hasta 3,5 millones de hectáreas, por las cuales el Estado de España ingresaría unos 21.000 millones de euros, destinados a enjugar su déficit, exige una respuesta. ¿Es un nuevo proceso privatizador el modelo de gestión de la tierra a defender? En este artículo se analiza y reivindica, con una visión histórica, otra fórmula de entender la relación con  la tierra

Lo comunal siempre en peligro

Los rumores sobre que el comunal sobreviviente al aciago proceso desamortizador ilustrado, constitucional y liberal de los siglos XVIII-XX podría ser en breve apropiado por el ente estatal (lo que es ilegítimo e incluso ilegal, a mi entender), subastado y entregado al mejor postor, ya son señalados con aprensión por Alejandro Nieto, autor de “Bienes comunales” y otros trabajos sobre esta materia, en el libro “Arabako Kontzejua XXI. Mendean”, de manera que el artículo arriba citado sólo viene a confirmar que algo inquietante está siendo planeado en las alturas.

Cuadro de texto: LA DESAMORTIZACIÓN: Antes de la revolución liberal iniciada por la Constitución de 1812, la gran mayoría de las tierras no era una mercancía, estaban ‘muertas’ para el mercado. La desamortización consistió en convertirlas en bienes mercantiles, en propiedad privada. El proceso tuvo su momento culminante con la Ley de Desamortización Civil de 1855. En total, al menos 17 millones de hectáreas fueron usurpadas a las comunidades rurales y privatizadas.

En primer lugar se ha de exponer que no se comprende por qué estos caballeros fijan su atención en el comunal para reducir el endeudamiento del Estado, en vez de considerar otras posibilidades.     Los bienes y terrenos comunales han estado y están siendo expoliados de manera regular. Por ejemplo, hay montes que aparecen en los catálogos y relaciones como propiedad de los Ayuntamientos, cuando lo cierto es que son de las y los vecinos. Esto lleva siglos sucediendo, lo que explica que el consistorio de Cuenca sea, al parecer, el mayor terrateniente del país, y que las corporaciones locales se inmiscuyan a menudo en lo que no les compete, el control y rentabilización monetaria del comunal allí donde aún perdura. Otras veces son las voraces Comunidades Autónomas, que inscriben en ocasiones como suyos lo que es del vecindario organizado en concejo abierto.

El concejo abierto es la asamblea gubernativa de las aldeas, organismo propio de la península ibérica, donde vivía la mayoría de la población. Una de sus funciones era decidir todo lo relacionado con el manejo de las tierras y demás bienes comunales. El concejo  abierto, surgido en el norte de la península Ibérica, con  los cambios  emancipatorios de la alta Edad Media, se hizo concejo cerrado en las villas y ciudades a partir del siglo XIV por imposición de la corona que designaba a sus integrantes, un pequeño grupo de notables locales.

Lo expuesto viene a significar que si el Estado central fue quien aniquiló coercitivamente lo sustantivo del comunal (y del orden social sobre él constituido, lo que es calificable de etnicidio) sobre todo con las leyes desamortizadoras de tierras y otras propiedades colectivas populares de 1770, 1813 y 1855, en el presente éste y las otras dos expresiones de lo estatal, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, se proponen liquidar ya por completo aquél, haciendo que en el agro sólo existen dos tipos de propiedad particular, la estatal (erróneamente tenida por “pública”) y la privada capitalista, con una presencia cada vez más reducida de la pequeña hacienda campesina. La propiedad comunal es cualitativamente diferente de ambas, y es la única que puede ser calificada sin comillas de pública, puesto que es del común de las y los vecinos, al realizarse la toma de decisiones respecto a ella por todas y todos los adultos de cada localidad.

Por tanto, teniendo en cuenta que la bancarrota de facto del Estado se ha convertido ya en una situación consolidada,  a causa de la crisis económica iniciada en 2008, que por su naturaleza tiene muy difícil y larga superación, podemos estar seguros de que, tarde o temprano, aquél se lanzará a aniquilar el comunal subsistente. Esto nos llama a la resistencia y a la lucha, para: 1) mantener lo que de él perdura, 2) recuperar su prístina condición, 3) hacer que las porciones de comunal expoliadas por el Estado o por particulares sean devueltas al acervo colectivo, 4) conocer mejor su naturaleza concreta, 5) contribuir a crear comunidades humanas rurales aptas para la vida comunitaria, vale decir, sustentada en los bienes comunales, 6) cooperar en forjar seres humanos de la suficiente calidad y virtud como para poder ser sujetos agentes de los objetivos expuestos. El primer paso en esa dirección es comprender con objetividad la cuestión.

Comprender lo comunal

La propiedad comunal se forma en la Alta Edad Media, época calumniada con ferocidad por la historiografía progresista hoy devenida en oficial y ortodoxa, en los territorios libres del norte peninsular, como consecuencia y causa al mismo tiempo de la gran revolución civilizatoria que tuvo lugar en ellos a partir del siglo VIII, de la que es expresión la obra escrita de Beato de Liébana. Desde sus orígenes está íntimamente vinculada a la institución asamblearia del concejo abierto. En efecto, sin comprender éste no puede inteligirse con objetividad el comunal, que lejos de ser una institución esencialmente económica debe ser percibida como la plasmación de un ideario sublime  de convivencia y relación a un nivel superior entre los seres humanos, lo que Felipe Esquíroz  plasma en la noción de “espíritu de comunalidad”.

Beato de Liébana fue un monje cántabro que vivió en el siglo VIII, vinculado al ala revolucionaria del cristianismo, en concreto al movimiento insurgente norteafricano denominado ‘donatista’. Es más conocido por las maravillosas iluminaciones que ilustran los manuscritos de sus obras que por estas mismas, lo cual es injusto. En aquéllas aparece la cosmovisión que dio origen al concejo abierto y al comunal.

Antes de seguir he de advertir que la institución del concejo abierto hoy tolerada para municipios de menos de 100 electores (por la legislación emanada de la Constitución de 1978, no democrática, en particular la Ley de Régimen Local de 1985) lo que permite es una parodia de institución concejil, tan constreñida y ninguneada  por instituciones y leyes, y tan sometida a los poderes estatales y empresariales vigente, que no puede ser tomada en serio. Por tanto, el batallar por el comunal ha de ser también la brega por un sistema concejil soberano, no desnaturalizado, por un nuevo orden asambleario, libre, plural y colectivista, en el que la asamblea sea el centro de la vida política de todas y todos los adultos. En consecuencia, el concejo abierto hoy es asunto más del futuro que del pasado.

Las metas últimas del comunal, como institución y como trama de relaciones sociales, era maximizar la convivencia y la buena relación entre el vecindario, esto es, el amor y el afecto mutuo, como algunas ordenanzas locales del pasado recogen, la de Munain (Álava) por ejemplo. Era pues dicha sociedad de naturaleza convivencial, esto es, cualitativamente diferente a la actual, que se propone incrementar el poder de las elites mandantes, el político tanto como el económico.

Los fines de dicha formación social eran inmateriales, según se ha expuesto, y las necesidades materiales desempeñaban una función secundaria, lo que no puede ser olvidado, pues los que pretenden explicar la institución popular del comunal desde criterios economicistas, o productivistas, se equivocan en lo más sustantivo, error además que contribuye a ofrecer una imagen deformada y manipulada, de aquélla y de la sociedad rural popular tradicional en su conjunto. En definitiva, aquél satisfizo la necesidad humana más acuciante, de tipo inmaterial, la de relación, afecto, compañía y cariño, de generosidad y servicio desinteresado, hoy casi por completo ahogada, además de demonizada, por el statu quo y sus voceros.

Es cierto, no obstante, que el comunal proporcionaba una parte sustantiva de las necesidades vitales de las comunidades rurales en las que, hasta su desnaturalización, la propiedad privada era bastante rara, así como su correlato, el espíritu de posesividad. Pero se realizaba con subordinación a la meta número uno de aquella formación social, la optimización de la convivencia, designio a que se dirigía también el concejo abierto. Sin propiedad privada y sin instituciones estatales de mando y dominio los vínculos de amistad, cooperación, simpatía y amor entre las y los vecinos podían alcanzar su máxima expresión.

También el medio natural desempeñó una función de importancia en aquella sociedad, porque al poseer metas espirituales reducía al mínimo las exigencias materiales, lo que la permitía vivir con la naturaleza y no contra ella, como acontece ahora, dado que el consumo y la abundancia de bienes eran tenidos por negativas e indeseables. Al ser el orden social concejil y comunal un vasto agregado de aldeas, en el que cada comunidad debía subsistir con lo local, la preservación del medio se convertía en una exigencia estructural. La inexistencia de ciudades, por la no ausencia o extrema debilidad del Estado, siempre funestas medioambientalmente, contribuía al mismo fin, lo mismo que el amplio consumo humano de frutos y hierbas silvestres, que limitaba la actividad agrícola, estando el resto ocupado por un bosque alto interminable, que aún existía como tal en el siglo XV y que fue liquidado en el XIX, entre otras cosas, por la aplicación de las leyes sobre desamortización civil impuestas por el ente estatal liberal y constitucional, para robustecerse, crear el capitalismo y debilitar al elemento popular. Finalmente  el ideario de amor a las y los iguales se hacia extensivo a la naturaleza.

Todo ello, que ya sólo sobrevive como recuerdo que casi hace brotar las lágrimas, va a ser ahora destruido hasta en sus más ínfimas manifestaciones. En nuestras manos está el evitarlo

Félix Rodrigo Mora

La Plataforma Rural se ha convertido en uno de los movimientos sociales más representativos del Estado Español, que aglutina a numerosos grupos, experiencias locales, personas militantes del medio rural etc. Más allá de las organizaciones que formalmente la componen, la Plataforma Rural ha logrado representar socialmente una alternativa política al declive del medio rural del estado Español. La Plataforma Rural se ha configurado como un movimiento social que aglutina las fuerzas progresistas que trabajan en los pueblos, siendo el único movimiento que procede de un ámbito rural en un contexto en el que dominan las organizaciones y movimientos urbanos.

Desde sus comienzos ha sabido introducir socialmente temas que eran exclusivamente rurales o agrarios. Comenzó la batalla con la reivindicación del mantenimiento de las escuelas rurales, siguió con la necesidad de cambiar la PAC, haciendo ver a la sociedad que el problema de la agricultura y de la alimentación no es meramente sectorial; sino, un problema que afecta a todos los ciudadanos, y que por lo tanto, somos todos/as los que tenemos que opinar ante él.

El avance de la industrialización de la agricultura ha supuesto introducir en el debate nuevas problemáticas, a las que se han ido respondiendo, como son la imposición tecnológica, la biotecnología, o el nuevo uso y gestión del recurso agua, entre otros…

En esta línea de trabajo cabe destacar la reivindicación y la extensión del concepto de SOBERANÍA ALIMENTARIA entre las organizaciones sociales, hecho que ha supuesto para la Plataforma Rural el enfrentamiento a otras fuerzas sociales que defendían otros posicionamientos. De la misma forma la Plataforma Rural ha sabido globalizar y transmitir en la sociedad española que esta lucha es internacional y que existe un reclamo a nivel mundial. El eslogan de “Por un mundo rural vivo” que se acuñó en el primer simposio celebrado en El Escorial en el año 1992 se ha asumido socialmente.

En este momento existen aspectos de la lucha por ese medio rural vivo que siguen siendo necesarios batallar de forma aliada y solidaria con el conjunto de las fuerzas sociales que reclaman ese cambio en el medio rural, entre ellos cabe destacar:

- La lucha en contra de la OMC y de la liberalización comercial y a favor de la soberanía alimentaria

- La necesidad de seguir reclamando un Política Agraria Pública para la agricultura pero también para el conjunto de la sociedad y que esté basada en la soberanía alimentaria.

- La oposición rotunda a la extensión de la biotecnología, los agrocombustibles, y los transgénicos en la agricultura.

- La necesidad de profundizar y ofrecer alternativas reales para un nuevo modelo de agricultura campesina.

- La urgencia de poner encima de la mesa la reforma agraria en nuestro contexto, como requisito imprescindible para la supervivencia de esta agricultura familiar y campesina.

- La extensión de las experiencias de mercado directo como alternativa a la mundialización y la industrialización de la agricultura.

- La defensa del mantenimiento de los servicios públicos ( escuela, transporte, sanidad, etc..) en las pequeñas comunidades rurales.

- Seguir profundizando y divulgando el análisis en contra de la liberalización mundial del comercio y los impactos en las economías campesinas.

- Reclamar una nueva Política Agraria Común que contribuya a la soberanía alimentaria.

Al mismo tiempo que se ha desarrollado y posibilitado un debate social sobre los problemas y las oportunidades que ofrecen los pueblos, la Plataforma Rural juega un cierto papel en la articulación de dicho debate a nivel europeo e internacional, apoyando en la medida de las posibilidades la estructuración del movimiento de la Vía Campesina.

Tras doce años de trabajo en Plataforma Rural hemos aprendido del trabajo colectivo y en RED, hemos disfrutado trabajando desde la diversidad de las organizaciones que componen la Plataforma y hemos entendido que la diferencia no es un problema; sino, un valor que tenemos que rentabilizar socialmente. Sin lugar a dudas que hemos construido una buena herramienta para hacer posible un MUNDO RURAL VIVO

Documento de Posición – Nagoya

¡No a las “soluciones” a la destrucción de la biodiversidad basadas en el mercado!

El movimiento internacional campesino « La Vía Campesina » está participando en la 10ª Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB) en Nagoya, Japón, el 18 al 29 de octubre, 2010.

Hombres y mujeres representantes de comunidades campesinas de Asia, Europa y Norteamérica están aquí presentes para denunciar y rechazar la comercialización frenética de los recursos naturales del planeta. Hay soluciones viables a la crisis ambiental: Una diversidad de culturas humanas que sostienen la diversidad a través de la agricultura sustentable campesina y familiar y el control de la biodiversidad en manos de comunidades locales.

La Privatización de la naturaleza y la pérdida de biodiversidad van juntas

Aunque la ONU declaró al 2010 como “año internacional de biodiversidad”, la CDB no logró sus objetivos para frenar la destrucción de la biodiversidad. Esto no nos sorprende, dado a que la privatización y la comercialización de la biodiversidad están alcanzando nuevos niveles: a través de la economía de servicios de ecosistemas, empresas y sus gobiernos aliados proponen estrategias para dar valor de mercado a cada semilla, bosque, animal y a las prácticas de las comunidades campesinas. Esto hace posible que se les trate como objetos para inversión, comercio y especulación, en una de las peores violaciones de derechos humanos y ambientales.

Agricultores, sus prácticas y sus semillas, son reconocidos por haber desarrollado y renovado la biodiversidad durante milenios. Además, han mantenido la biodiversidad silvestre en comunidades que practican la agro-silvicultura, la pesca y el pastoreo. Sin embargo, en la medida que estos recursos se han privatizado y los campesinos han sido expulsados de sus territorios, se ha perdido la biodiversidad. Durante el último siglo, el 75% de la diversidad genética en la agricultura desapareció, un proceso directamente relacionado al desarrollo de la industria semillera y la disminución enorme de campesinos durante el mismo periodo. Para apropiarse de los recursos naturales y comercializarlos, la industria ha usado varios métodos que prohíben a los campesinos y comunidades locales reproducir la diversidad de semillas campesinas y continuar sus prácticas agrícolas.

El quitarle a las comunidades el control sobre los recursos naturales ha sido causa de destrucción ambiental y humana en todas partes: La agricultura industrial utiliza grandes cantidades de agua, pesticidas, herbicidas y fertilizantes. Las semillas industriales empobrecen los suelos, los cuales pierden su capacidad de capturar carbono mientras que el material orgánico es reemplazado por insumos sintéticos. Transporte, maquinaria e insumos de combustibles fósiles como fertilizantes contribuyen al cambio climático. En el proceso de la industrialización de la naturaleza, comunidades agrícolas pierden el acceso no sólo a las semillas y razas de ganado, sino que también a su territorio: tierra, agua y recursos costeros. Donde se pierden tierra y ecosistemas, se pierde también la soberanía alimentaria de innumerables comunidades las cuales son reemplazadas por pobreza y alimentos industriales sin nutrición. Nosotros campesinos y pequeños productores de alimentos estamos siendo expulsados de nuestras tierras a través de acaparamientos de tierras que producen más cultivos industriales, incluso agrocombustibles, para mercados globales. Nosotros, quienes hemos creado y mantenido la biodiversidad durante milenios, somos prohibidos de tener acceso a recursos en el nombre de “áreas protegidas”. Mientras tanto, empresas explotan la madera en desiertos de monocultivos de eucalipto o palma que falsamente son considerados como sustentables.

La diversidad de las comunidades campesinas e indígenas, así como sus sabidurías, tienen una gran importancia frente a la crisis actual. Estas sabidurías tradicionales se enriquecen continuamente a través de nuevas innovaciones y tecnologías que son controladas localmente, establecidas por sus usuarios y a disposición libre de la comunidad. No se deben privatizarse ni se debe ser prohibido su uso. Nosotros, hombres y mujeres campesinos y campesinas rechazamos ser instrumentalizados como los cuidadores de la biodiversidad en documentos y discursos oficiales, mientras que somos robados de nuestros recursos vitales – tierra, agua y biodiversidad, los cuales hemos creado durante milenios – a beneficio de unas cuantas empresas trasnacionales y con el apoyo de muchos gobiernos. Durante la CDB en Nagoya y las negociaciones sobre el clima del CMNUCC en Cancún, hemos venido a exigir el respeto de estos derechos fundamentales.

COP 10: El auge de la comercialización de la biodiversidad y el clima

Estamos enfrentando una crisis ambiental muy seria que incluye inundaciones, sequías, erosión de suelos, contaminación y pérdida de biodiversidad. Las instituciones internacionales que tratan por separado al clima, biodiversidad y otros temas ambientales están empezando a trabajar en conjunto. Sin embargo, esta es una oportunidad para que aquellos quienes buscan la comercialización de los recursos del planeta bajo pretextos de “biomasa”, “servicios ecosistémicos”, o “mercados de carbono” coordinen sus esfuerzos. En Nagoya la agenda de biodiversidad y cambio climático está siendo acercada la una a la otra, mientras que las soluciones de mercado presentadas a la Convención Climática de la ONU en Copenhague en 2009 se está siendo trasladadas a otras instituciones como la CDB.

Agrocombustibles, REDD y TEEB

Los agrocombustibles han aumentado la especulación sobre las tierras y no han hecho nada para reducir las emisiones de carbono. Los llamados agrocombustibles de “primera generación” están basados en monocultivos como maíz, caña de azúcar, palma o piñón, los cuales requieren enormes cantidades de tierra, agua e insumos químicos. Los agrocombustibles de “segunda generación” muchas veces están basados en pastos, árboles y algas genéticamente modificados, amenazando no sólo cultivos sino también todo material orgánico. No tienen más eficiencia energética y siguen siendo peligrosos, poniendo en riesgo nuestros alimentos y especies silvestres a través de la contaminación genética. Ambos requieren más energía para su producción que la energía que rinden. Cuando consideremos la destrucción de bosques necesaria para la creación de grandes superficies de estos cultivos, vemos que los agrocombustibles emiten grandes cantidades de carbono a la atmósfera. Con altos subsidios de ciertos gobiernos, los agrocombustibles son otro negocio “verde” muy lucrativo.

REDD (Reducción de Emisiones de Deforestación y Degradación) también está acelerando la comercialización del clima y la biodiversidad. A través de REDD, una industria contaminadora de Europa escapa su obligación de reducir sus emisiones a través de la compra de créditos de carbono de una selva lejana en Brasil, Indonesia y otros países del Sur. Con REDD no hay reducciones de emisiones y monocultivos de árboles amenazan la biodiversidad. Además, agricultores campesinos y pueblos indígenas son despojados de sus tierras y territorios, como ya ha sucedido con las “áreas protegidas” bajo la CDB. (Ve informe de Vía Campesina).

En Nagoya, la privatización y comercialización de la biodiversidad son promovidos agresivamente por parte de empresas y son facilitadas por muchos gobiernos. Programas como TEEBS, la Economía de Ecosistemas y Biodiversidad, están abriendo el camino para la mercantilización de cada elemento de la naturaleza – tierra, animales, semillas y agua – los cuales al mismo tiempo son las tierras y territorios de comunidades campesinas. La complejidad de de las plántulas, los ecosistemas, patrones climáticos, y la fertilidad de los suelos están siendo reducidos a lo que se le llama “servicios ecosistémicos”, para ser objetos de comercio de una manera parecida a los créditos de carbono. Estos enfoques no sólo tienen el apoyo de empresas y gobiernos, sino que también de la Plataforma Intergubernamental de Políticas Científicas sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES por sus siglas en inglés), una plataforma de científicos que ayuda a dar valor monetario a la biodiversidad.

Tecnologías nuevas y emergentes

La CDB está discutiendo nuevas tecnologías que todavía son poco conocidas o debatidas, pero que representan un esfuerzo para controlar y hacer nuevas mercancías de los organismos vivos. Estas incluyen la “biología sintética” y la “geoingeniería”. La biología sintética es un intento para crear vida que no ocurre en la naturaleza, a través de combinar sustancias químicas que reproducen un organismo nuevo, como por ejemplo una bacteria. Se argumenta que una tal bacteria podría producir energía basada en los carbohidratos de las plantas y por lo tanto reemplazar a los combustibles fósiles. Aparte de que estas tecnologías requieren de decenas de millones de dólares en investigación, son muy peligrosas, con consecuencias desconocidas e incontrolables para el medio ambiente.

La “geoingeniería” es otra tecnología que promete resolver la crisis climática a través de soluciones técnicas. En el nombre del cambio climático, se han propuesto proyectos para inyectar sulfatos a la estratosfera, reducir la luz del sol o colocar grandes cantidades de partículas de carbón sobre campos para secuestrar carbono de la atmósfera (“biochar”). Estos son proyectos inmanejables a gran escala, que destruyen tierras, mares y la atmósfera.

Actualmente no hay institución que vigile estas tecnologías. Bajo la presión de movimientos sociales y la sociedad civil, en el pasado la CDB ha reafirmado la moratoria sobre semillas estériles “Terminator” y sobre la fertilización oceánica, la cual buscaba echar miles de kilómetros cuadrados de partículas de hierro al mar para que supuestamente las algas microscópicas secuestren más carbono. Sin embargo, hay presión constante para levantar estas moratorias y poca voluntad para implementar otras sobre la geoingeniería y la biología sintética.

Soluciones verdaderas: Permitir a las comunidades locales proteger y restaurar la biodiversidad controlando sus tierras y territorios. ¡Alto a la apropiación privada de la vida!

La mercantilización de ecosistemas y biodiversidad se está llevando a cabo de forma agresiva con el objetivo de comerciar, invertir y crear nueva especulación sobre la vida. La Vía Campesina rechaza este enfoque. La biodiversidad está basada en la reproducción libre de los organismos vivos. No debe llegar a ser propiedad industrial que controle su reproducción y uso. Hoy en día, se pretenden varias formas de apropiación sobre todos los organismos, asi como sus partes, genes y rasgos. Además, se están promoviendo técnicas y sabidurías necesarias para reproducirlos como propiedad intelectual de la industria. Todas estas demandas de propiedad por parte de la industria son ilegítimas. Impiden a los campesinos y otras comunidades locales el mantener la biodiversidad a través de sus prácticas ecológicas y el cultivo de la naturaleza como bien común. La apropiación privada de tierras, agua y semillas pone en peligro severo el sustento de millones de familias, así como la soberanía alimentaria y la vida del planeta.

La industria se niega a proporcionar información sobre el origen de los recursos biológicos que están siendo utilizados para fabricar los productos que buscan comercializar. Así, tratan de evitar obtener permiso y clarificar los términos de uso de esos recursos con las comunidades locales y otras partes interesadas. Esto es una obligación que no sólo se trata de la propiedad intelectual, sino de cualquier comercialización tal como las líneas de cría de animales. El uso de recursos biológicos nunca se debe realizar sin un acuerdo de uso y cualquier posible compensación que pudieran exigir las comunidades locales. Variedades de plantas, razas animales y muchos ecosistemas no pueden existir sin las comunidades que los crearon y los conservan. El acceso y uso de los recursos biológicos siempre debe ser sujeto a derechos de uso colectivo, definidos por las mismas comunidades, y no por las demandas de propiedad privada. Por otra parte, la industria y políticas gubernamentales irresponsables tienen que ser sujetos a responder por los daños que han causado a la biodiversidad, el clima y el medio ambiente en general.

Las verdaderas soluciones a la crisis ambiental muy seria que está enfrentando el planeta no requieren de la propiedad privada ni tecnologías destructivas hacia los seres vivos. Rechazamos demandas de propiedad sobre nuestros bienes comunes – ya sean en forma de patentes, esquemas de protección de variedades de cultivos o la prohibición de nuestras diversas semillas a favor de las semillas homogéneas y uniformes de la industria. Desde la década de 1960, campesinos han criado más de 1.9 millones de variedades de cultivos, mientras mejoradores de plantas de la Revolución Verde sólo han liberado 8,000 cultivos industriales, en forma de alimentos no saludables. Con nuestras variedades de semillas, proporcionamos alimento saludable para el 70% de la población mundial, mientras mantenemos suelos y ecosistemas sanos. Las verdaderas soluciones a la pérdida de biodiversidad y la crisis ambiental tienen que incluir la implementación de la soberanía alimentaria: asegurando producción local de alimentos de una manera ecológica que mantenga ecosistemas silvestres y agrícolas. Para lograrlo, los gobiernos deben ejercer su derecho a controlar las importaciones de alimentos y las comunidades deben ejercer su derecho a controlar la producción local de alimentos. La soberanía alimentaria coloca los derechos de comunidades agrícolas e indígenas en el centro de la preservación de biodiversidad en lugar de las demandas de los mercados y corporaciones.

¡El intento agresivo por controlar y privatizar nuestros recursos naturales debe terminar! Nosotros, campesinos y campesinas del mundo, no necesitamos a Monsanto, DuPont, Bayer ni otras corporaciones trasnacionales para proporcionarnos con semillas. Durante miles de años hemos conservado, cultivado, adaptado e intercambiado nuestras semillas y creado una biodiversidad abundante. Hemos mantenido la biodiversidad silvestre a través de control local sobre ecosistemas forestales, marinos y de pradera. La contradicción fundamental entre la privatización y la preservación de la biodiversidad no se puede ser resuelta ofreciéndonos unos cuantos centavos de “reparto de beneficios”. Nosotros, los campesinos y campesinas de África, Europa, las Américas y Asia, categóricamente rechazamos este tipo de compensación. No negociaremos nuestra autonomía, nuestros recursos, nuestra salud y la del medio ambiente por unas promesas compensatorias, las cuales además sirven para legalizar la biopiratería. Para preservar la biodiversidad, comunidades agrícolas deben recuperar control sobre las tierras, los recursos naturales y sus territorios. Ecosistemas bajo el control de comunidades campesinas ecológicas son verdaderas áreas protegidas.

Los gobiernos deben resistir la presión de intereses corporativos que buscan seguir haciendo más ganancias a través de la biodiversidad. La retórica de preocupación sobre la pérdida de la biodiversidad sigue siendo vil demagogia hasta que haya un cambio significativo en el modelo de la industrialización de la naturaleza, el negocio del capitalismo verde. Lejos de la conservación de la biodiversidad, son una amenaza seria a la vida. Los gobiernos de la CDB tienen que defender el derecho de las comunidades agrícolas a la tierra y el agua. Y tienen que defender los Derechos de los Agricultores de conservar, re-sembrar e intercambiar sus semillas campesinas, como está escrito en el Tratado de Semillas de la ONU. El fortalecimiento de las comunidades agrícolas y los alimentos que producen es la estrategia para combatir la crisis climática, alimentaria y energética que fue recomendada por el IAASTD, un informe internacional elaborado por más de 400 científicos y el cual ha sido aprobado por 58 países. La CDB debe apoyar explícitamente el control comunitario de una amplia variedad de pequeños productores de alimentos en todo el mundo, que sostenga la biodiversidad, cultive el material orgánico en los suelos y utilice semillas campesinas que no requieren insumos de combustibles fósiles.

La destrucción de biodiversidad ha sido resultado de la destrucción de comunidades agrícolas que mantienen la biodiversidad agrícola y silvestre a través de sus prácticas agroecológicas, incluyendo bosques, llanos y humedales. La preservación de biodiversidad tiene que asegurar que muchas comunidades campesinas puedan seguir cultivando sus tierras. No son los intereses de corporaciones sino generaciones de jóvenes agricultores ecológicos quienes a protegerán la biodiversidad. Esto significa que agricultores jóvenes tienen que poder vivir y cultivar, lo que incluye el tener acceso a tierra, agua y semillas, sabidurías y control local total sobre territorios y ecosistemas.

Unidad entre campesinos y campesinas

La Vía Campesina es el movimiento internacional que agrupa a millones de campesinos y campesinas, pequeños y medianos productores, pueblos sin tierra, indígenas, migrantes y trabajadores agrícolas de todo el mundo. Defiende la agricultura sostenible a pequeña escala como un modo de promover la justicia social y la dignidad. Se opone firmemente a los agronegocios y las multinacionales que están destruyendo los pueblos y la naturaleza.

La Vía Campesina comprende en torno a 150 organizaciones locales y nacionales en 70 países de África, Asia, Europa y América. En total, representa a alrededor de 200 millones de campesinos y campesinas. Es un movimiento autónomo, pluralista y multicultural, sin ninguna afiliación política, económica o de cualquier otro tipo.

Un movimiento nacido en 1993

Un grupo de  de organizaciones campesinas, mujeres y hombres, procedentes de los cuatro continentes, fundaron La Vía Campesina en 1993 en Mons, Bélgica. En aquel momento, las políticas agrícolas y la agroindustria se estaban globalizando y los campesinos necesitaban desarrollar una visión común y luchar por ella. Las organizaciones campesinas y de medianos productores también querían que se reconociese su voz y participar directamente en las decisiones que afectaban a sus vidas.

La Vía Campesina es considerada hoy en día uno de los principales actores en los debates alimentarios y agrícolas. Es escuchada por instituciones como la FAO y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y goza de un gran reconocimiento entre otros movimientos sociales desde el nivel local al nivel global.

¡Globalizando la esperanza, globalizando la lucha!

La Vía Campesina se fundamenta en un fuerte sentido de unidad y solidaridad entre pequeños y medianos productores agrícolas procedentes del Norte y del Sur. El principal objetivo del movimiento es hacer realidad la soberanía alimentaria y detener el destructivo proceso neoliberal. Se basa en la convicción de que las campesinas y los campesinos, incluyendo a los pequeños pescadores, pastores y pueblos indígenas, que constituyen casi la mitad de la población mundial, son capaces de producir alimentos para sus comunidades y alimentar al mundo de forma sana y sostenible.

Las mujeres juegan un papel fundamental en el trabajo de La Vía Campesina. Según la FAO, las mujeres producen el 70% de los alimentos mundiales pero están marginadas y oprimidas por el neoliberalismo y el patriarcado. El movimiento defiende los derechos de las mujeres y la igualdad de género a todos los niveles y lucha contra todas las formas de violencia hacia las mujeres.

Defendiendo la Soberanía Alimentaria

La Vía Campesina lanzó la idea de “Soberanía Alimentaria” en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996. La idea fue creciendo y actualmente forma un movimiento popular global promovido por una gran variedad de sectores sociales tales como pobres urbanos, grupos medioambientales, grupos de consumidores, asociaciones de mujeres, pescadores, pastores y otros muchos. Además, cuenta con el reconocimiento de  numerosas instituciones y gobiernos.

La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos sanos y culturalmente adecuados, producidos mediante métodos sostenibles, así como su derecho a definir sus propios sistemas agrícolas y alimentarios. Desarrolla un modelo de producción campesina sostenible que favorece a las comunidades y su medio ambiente. Sitúa las aspiraciones, necesidades y formas de vida de aquellos que producen, distribuyen y consumen los alimentos en el centro de los sistemas alimentarios y de las políticas alimentarias, por delante de las demandas de mercados y empresas.

La soberanía alimentaria da prioridad a la producción y consumo local de alimentos. Proporciona a un país el derecho de proteger a sus productores locales de las importaciones baratas y controlar la producción. Garantiza que los derechos de uso y gestión de tierras, territorios, agua, semillas, ganado y biodiversidad estén en manos de quien produce alimentos y no del sector empresarial. Así, la implementación de una auténtica reforma agraria constituye una de las prioridades del movimiento campesino.

La soberanía alimentaria se presenta hoy en día como una de las repuestas más potentes  a las actuales crisis alimentaria, de pobreza y climática.

Una estructura descentralizada

La Vía Campesina es un movimiento de masas desde la base cuya vitalidad y legitimidad provienen de organizaciones campesinas a nivel local y nacional. El movimiento se basa en la descentralización del poder entre 9 regiones. La coordinación entre regiones la lleva a cabo el Comité de Coordinación Internacional, compuesto por una mujer y un hombre por región, elegidos por las organizaciones miembro en sus respectivas regiones. La Secretaría Internacional rota de acuerdo con la decisión realizada cada 4 años por la Conferencia Internacional. Primero estuvo en Bélgica (1993-1996), después en Honduras (1997-2004) y actualmente está establecida en Indonesia hasta 2013.

La financiación del movimiento proviene de las contribuciones de sus miembros, de donaciones privadas y del apoyo financiero de algunas ONG, fundaciones y autoridades locales y nacionales.

¡Únete a la acción!

• 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer
  La Vía Campesina se une a los movimientos de mujeres y sociales de todo el mundo para demandar igualdad de derechos para las mujeres.
• 17 de abril: Día Internacional de la Lucha Campesina
  Una gran variedad de grupos, comunidades y organizaciones llevan a cabo cientos de acciones directas, actividades culturales, conferencias, proyecciones de vídeos, debates comunitarios, concentraciones…
• 10 de septiembre: Día Internacional de Lucha contra la OMC
  Conmemoración del sacrificio del Sr. Lee Kun Hae, un campesino coreano que se inmoló apuñalándose hasta morir durante una protesta masiva contra la OMC en Cancún, México, en 2003. Mientras moría sostenía una pancarta que decía “La OMC mata a los campesinos”

La Vía Campesina es un movimiento internacional que coordina organizaciones campesinas, pequeños y medianos productores, mujeres rurales, comunidades indígenas, gente sin tierra, jóvenes rurales y trabajadores agrícolas migrantes. Defendemos los intereses básicos de nuestros miembros. Somos un movimiento autónomo, plural, independiente, sin ninguna afiliación política, económica o de otro tipo. Las 148 organizaciones que conforman La Vía Campesina vienen de 69 países de Asia, África, Europa y el continente Americano, organizadas en ocho regiones : Europa, Este y Sureste de Asia, Sur de Asia, Norteamérica, Caribe, Centroamérica, Suramérica y Africa.

¿ Cómo fue creada La Vía Campesina?
Se origina en abril de 1992, cuando varios líderes campesinos de América Central, de Norteamérica, y de Europa se reunieron en Managua, Nicaragua, en el Congreso de la Unión Nacional de Agricultores y de Ganaderos (UNAG). En mayo de 1993 se llevó a cabo la primera conferencia de La Vía Campesina en Mons, Bélgica, en donde fue constituida como una Organización Mundial, siendo definidas sus primeras pautas estratégicas y su estructura. La Segunda Conferencia Internacional tuvo lugar en Tlaxcala, México, en abril de 1996, donde asistieron 37 países y 69 organizaciones para analizar una serie de temáticas que eran de preocupación central para los pequeños y medianos productores, a citar: soberanía alimentaria, reforma agraria, créditos y deuda externa, tecnología, participación de las mujeres y desarrollo rural entre otros.

¿ Cómo trabaja La Vía Campesina?
La Vía Campesina se encuentra actualmente en un proceso de extensión y de consolidación, siendo por su misma naturaleza, un movimiento pluralista, democrático y multicultural. Cuenta con una cobertura geográfica bastante amplia, resultado de la cual, es uno de los movimientos más representativos para la pequeña y la mediana agricultura a través del mundo. El trabajo tan complejo que Vía Campesina comporta exige un esfuerzo enorme para lograr la articulación, la comunicación, y la coordinación entre las regiones, así como entre las organizaciones miembros de cada región y el movimiento en su globalidad.Vía Campesina trabaja por la defensa de intereses profesionales, incluyendo las dimensiones política, económica y tecnológica así como los temas de género.

¿ Cuáles son sus prioridades?
El objetivo principal de La Vía Campesina es desarrollar  la solidaridad y la unidad dentro de la diversidad entre las organizaciones, para promover las relaciones económicas de igualdad y de justicia social, la preservación de la tierra, la soberanía alimentaria, la producción agrícola sostenible y una igualdad basada en la producción a pequeña y mediana escala. Para lograr estos objetivos, La Vía Campesina ha definido una serie de estrategias entre las cuales citamos:

• La articulación y el fortalecimiento de sus organizaciones.

• Tener una influencia en los centros del poder y de toma de decisiones dentro de los gobiernos y las instituciones multilaterales para dar otro rumbo a las políticas económicas y agrícolas que afectan la pequeña y mediana producción.

• El fortalecimiento de la participación de las mujeres en materias sociales, económicas, políticas, y culturales.

• La formulación de propuestas en relación a temas importantes como: reforma agraria, soberanía alimentaria, producción, comercio, investigación, recursos genéticos, biodiversidad, medio ambiente y género.

¿Cuál es su estructura?
La Conferencia constituye el órgano de decisión más alto frente a sus políticas, reuniéndose cada cuatro años en lugares que rotan entre las regiones. Las oficinas regionales son cuerpos donde son posibles las relaciones y articulaciones dentro de cada región. Es allí donde se realiza el trabajo central de La Vía Campesina. El Comité de Coordinación Internacional es el cuerpo que coordina las diferentes regiones. La Secretaría Operativa Internacional coordina y ejecuta las resoluciones de las máximas instancias de La Vía Campesina.
La Vía Campesina está trabajando en una política de alianzas con otras fuerzas sociales, ecónomicas y políticas a nivel internacional para luchar mancomunadamente contra el neoliberalismo y para desarrollar propuestas alternativas donde las grandes mayorías constituyan los actores principales.

Temas Principales y Campañas
Como movimiento campesino internacional, La Vía Campesina trabaja sobre los temas principales por los cuales el campesinado alrededor del mundo lucha, a saber:

1. Reforma Agraria
2. Biodiversidad y Recursos Genéticos
3. Soberanía Alimentaria y Comercio
4. Derechos Humanos
5. Agricultura Campesina Sostenible
6. Migración y Trabajadores Rurales
7. Paridad de Género

La Vía Campesina también lleva campañas internacionales: la campaña sobre la PAC (Política Agrícola Común) en la UE y sobre el Farm Bill en los Estados Unidos, la campaña por una Declaración de los Derechos Campesinos, la Campaña Global por la Reforma Agraria y la Campaña sobre Semillas..

Historias exitosas
La Vía Campesina ha venido demostrando al mundo que las organizaciones rurales y campesinas, en cooperación con otros movimientos sociales, pueden tener un impacto y una incidencia poderosa en la escena internacional. La Vía Campesina ha contado con varias historia llenas de éxito:
1.    En 1999, La Vía Campesina tomó parte dentro de la gran movilización en Seattle, Estados Unidos y contribuyó al descarrilamiento de la Conferencia Ministerial de la OMC.
2.    En el 2003, La Vía Campesina organizó una fuerte movilización contra la cumbre ministerial de la OMC en Cancún, México bajo el lema “La OMC Mata a Campesinos”. Esta conferencia también colapsó.

Como movimiento campesino internacional que está en el frente de oposición al neoliberalismo, La Vía Campesina formula políticas y prácticas alternativas que mejoran la vida y el sustento del campesinado. Por lo tanto, la reforma agraria y de tierras son consideradas como médidas fundamentales que devolverán la soberanía campesina. La Vía Campesina cree que solamente dentro de una estructura agraria justa, habrá una soberanía campesina. El movimiento cree que es el mismo campesinado quien debe determinar y decidir qué es lo mejor para su sustento y de qué manera podrá escapar a la pobreza.

La Vía Campesina ha promovido la idea de una “soberanía alimentaria” como respuesta al concepto de seguridad alimentaria que ha creado más hambre en el mundo y más pobreza entre las familias campesinas. La soberanía alimentaria es un concepto alternativo que apoya a los pueblos en su lucha contra las políticas neoliberales como aquellas que son impuestas por las instituciones financieras internacionales, la OMC y las corporaciones transnacionales del agrobusiness a través del libre comercio y de la liberalización en la agricultura.

La soberanía alimentaria es el DERECHO de los pueblos, las naciones o las uniones de países a definir sus políticas agrícolas y de alimentos, sin ningún dumping frente a países tereceros. La soberanía alimentaria organiza la producción y el consumo de alimentos acorde con las necesidades de las comunidades locales, otorgando prioridad a la producción para el consumo local y doméstico. Proporciona el derecho a los pueblos a elegir lo que comen y de qué manera quieren producirlo. La soberanía alimentaria  incluye el derecho a proteger y regular la producción nacional agropecuaria y a proteger el mercado doméstico del dumping de excedentes agrícolas y de las importaciones a bajo precio de otros países. Reconoce así mismo los derechos de las mujeres campesinas.
La gente sin tierra, el campesinado y la pequeña agricultura tienen que tener acceso a la tierra, el agua, las semillas y los recursos productivos así como a un adecuado suministro de servicios públicos. La soberanía alimentaria y la sostenibilidad deben consitutirse como prioritarias a las políticas de comercio.

Eventos Importantes
Para globalizar la lucha contra la injusticia y el neoliberalismo en todo el mundo, La Vía Campesina ha establecido dos fechas importantes:

1. El 17 de abril se conmemora como el día internacional de la lucha campesina. En abril de cada año, organizaciones campesinas y otros movimientos que apoyan las reivindicaciones campesinas alrededor del mundo realizan acciones, manifestaciones, movilizaciones y otras actividades que celebran la lucha mundial por una reforma agraria y una soberanía alimentaria. El 17 de abril de 1996, durante la Conferencia de Vía Campesina en Tlaxcala, México, 19 campesinos fueron asesinados debido a su lucha por una reforma agraria.
2. El 10 de septiembre es conmemorado como el día internacional de lucha conra la OMC. Ese mismo día en el 2003, en la ciudad de Cancún, miles de campesinos y campesinas de La Vía Campesina, junto con muchos otros grupos, se movilizaron frente a la quinta conferencia ministerial de la OMC para bloquear las negociaciones y exigir que la OMC salga de la agricultura. Durante la movilización, Mr. Lee Kyun Hae, un campesino coreano, se apuñaló hasta darse la muerte. Mientras moría sostenía una bandera que decía: “La OMC mata a los campesinos”.

El saqueo/expropiación de los bienes comunes de todos los pueblos del mundo se aceleró con la expansión colonial genocida del capitalismo hace más de 500 años. Con la revolución industrial se dio un nuevo salto histórico iniciándose un nuevo sistema productivo de crecimiento y acumulación desbordado global, concentrado principalmente en los países más industrializados, quienes han generado el 75% de las emisiones acumuladas de gases de efecto invernadero (GEI), principalmente dióxido de carbono y metano, siendo que representan sólo el 20% de la población mundial.

Este patrón productivo ha conducido a la actual crisis ambiental que se traduce en grandes efectos principalmente para los países del Sur global[i], con eventos climáticos extremos como sequías prolongadas, inundaciones y otras.

El sistema capitalista nos ha impuesto una lógica de Progreso y crecimiento ilimitado. Este régimen de producción y consumo, se guía por la  búsqueda de la maximización de la ganancia, obviando por completo las implicaciones de un patrón de crecimiento sin fin en un planeta finito. Este patrón civilizatorio ha separado al ser humano de la naturaleza, estableciendo  una lógica de dominación sobre ésta, conduciendo a la destrucción de la misma.

Este modelo de desarrollo capitalista ha creado sociedades y formas de vida incompatibles con la naturaleza. La Madre Tierra es asumida como una fuente de materias primas y los seres humanos como medios de producción y consumidores. Para este sistema, la lógica de la vida es la competencia y la sed de ganancia sin límites. El sistema capitalista convierte todo en mercancía: el agua, la tierra, el genoma humano, las culturas ancestrales, la biodiversidad, la justicia, la ética, la muerte y la vida misma; negando el carácter sagrado de la naturaleza, todo debe ser extraído, transformado y consumido. Con ello se rompe la relación espiritual de los pueblos con la Madre Tierra.

La sobreexplotación de los bienes comunes del planeta,  y su apropiación desigual  ha beneficiado a unos sectores de la población en perjuicio de otros, por ejemplo centenares de millones de personas carecen de acceso a agua potable y las demás condiciones de una vida digna, mientras otros malgastan la abundancia y  lucran con la escasez. Este sistema ha masacrado y expulsado de sus territorios a pueblos indígenas y campesinos y campesinas, al apropiarse de sus tierras, bienes comunes, germoplasmas y sus conocimientos ancestrales.

El capitalismo pretende satisfacer todas las carencias e insatisfacciones de los seres humanos mediante el consumo de cosas. El “primer mundo desarrollado” debería llamarse en realidad “primer mundo hiperconsumista” por ejemplo los Estados Unidos a causa del consumo ilimitado aumentó sus emisiones de GEI en 16,8% durante el periodo 1990 al 2007, emitiendo como promedio entre 20 y 23 toneladas anuales de CO₂ por habitante, lo que representa más de 9 veces las emisiones correspondientes a un habitante promedio del Tercer Mundo, casi 8 veces  las emisiones per cápita de un latinoamericano y caribeño medio y más de 20 veces las emisiones de un habitante de Sur África.

Esta lógica capitalista impone al capital por encima de la gente. A través del mercado se crean identidades de consumo ilimitado y se establecen nuevas pautas de consumismo, donde las personas valen por lo que tienen y no por lo que son. Para este sistema el lucro y la rentabilidad están por encima de todo, los derechos de acceso y eficiencia de los servicios básicos para los pueblos se han convertido en mercancía. La ganancia exige más ganancia.

Las corporaciones y los gobiernos de los países denominados más desarrollados, en complicidad con parte de la comunidad científica, nos ponen a discutir el problema del cambio climático como un problema acotado a la  elevación de la temperatura,  planteándonos soluciones tecnológicas y de mercado que no cuestionan la lógica de este patrón productivo y civilizatorio.

Hoy en día el propio “cambio climático” se ha convertido en un negocio para el sistema capitalista; los gobiernos de los países llamados “desarrollados”, están promoviendo las reformas “verdes” del sistema. Estos mecanismos de innovación tecnológica están dirigidos a la creación de nuevas fuentes de inversión y de negocio, bajo el pretexto de que será la tecnología la que permitirá resolver el cambio climático, cuando lo que hacen es agudizar los problemas que confrontamos. Estas soluciones falsas, como los llamados mecanismos de desarrollo limpio (MDL), dejan la responsabilidad del cuidado del planeta a los países del Sur global, sin asumir verdaderamente su responsabilidad.

El patrón corporativo de producción, distribución, despilfarro y consumo de alimentos, todo el régimen de la agronegocios (fabricas de animales, monocultivos, transgénicos, nanotecnologías, agrotóxicos, agrocombustibles, etc.), no sólo están destruyendo la producción sostenible de alimento, la producción campesina y la soberanía alimentaria. Constituyen igualmente una de las causas fundamentales del proceso de destrucción de la naturaleza (emanaciones de CO2, metano, óxido nitroso, deforestación, contaminación de las tierras, sobre utilización y contaminación de las aguas, etc).

La estructura del poder político, económico, militar  y comunicacional, así como el régimen jurídico-institucional actual legitiman, promueven y profundizan estas lógicas destructivas. La institucionalidad financiera y comercial internacional actual (BM, FMI, BID, OMC y otras), con sus normas, regulaciones y financiamientos imponen sistemáticamente este crecimiento depredador. Los medios de comunicación dominantes y la industria cultural promueven  el individualismo y un consumismo irracional e insostenible. Contribuyen a naturalizar lo existente como lo único posible. Estas tendencias han sido acentuadas durante las últimas décadas de globalización neoliberal, el  libre comercio y la profundización del monocultivo y el extractivismo.  Estamos en presencia de un sistema imperialistas de re-colonización del planeta.

A la resistencia de los pueblos se responde mediante la militarización, la represión y la guerra. El capitalismo requiere una potente industria militar, la militarización de las sociedades y la guerra como condición tanto para su proceso de acumulación, como para controlar territorios y recursos minerales y energéticos, y para  reprimir las luchas de los pueblos. Las guerras, a través de su impacto directo sobre el ambiente (consumo masivo de combustible fósiles, derrames de petróleo, emisiones de GEI, contaminación con uranio empobrecido, fósforo blanco, etc.), se han convertido en uno de los principales destructores de la Madre Tierra.

La batalla contra el calentamiento global no sólo pasa por la urgente transformación de la producción y del consumo, sino también por una dura batalla contra los paradigmas y patrones de conocimiento coloniales y eurocétricos hegemónicos. Estas formas hegemónicas de conocimiento y de producción de subjetividades que están firmemente instaladas en los sistemas educativos de todo el mundo. Los patrones culturales, subjetividades y aspiraciones de las poblaciones del planeta han sido ampliamente penetradas por los valores del individualismo consumista capitalista. Las transformaciones productivas tienen que estar acompañadas de una revolución cultural profunda que cambie los patrones de conducta actualmente hegemónicos, fortaleciendo otras cosmovisiones, como el vivir bien o el buen vivir, en armonía con la Pachamama.

Lo que ha fracasado es el modelo del intentar vivir “cada vez mejor consumista”, del desarrollo sin freno, de la industrialización sin límite, de la modernidad que desprecia la historia, las culturas y los conocimientos de los otros, el patrón  de vida basado en la acumulación material creciente a costa del otro y de la naturaleza.

El capitalismo como régimen patriarcal de crecimiento sin fin es incompatible con la vida en este planeta finito. Por ello, toda alternativa de vida necesariamente tiene que ser anticapitalista. Pero no sólo eso, tiene que ser más que anticapitalista. La experiencia  soviética nos demostró  que era posible, con otras relaciones de propiedad, un régimen productivo tan depredador y devastador de las condiciones que hacen posible la vida como el capitalismo. Las alternativas tienen que conducirnos a una profunda transformación civilizatoria sin la cual no sería posible la continuidad de la vida en el planeta tierra. La humanidad está frente a una gran disyuntiva: continuar por el camino del capitalismo, del patriarcado, del Progreso y la muerte, o emprender el camino de la armonía con la naturaleza y el respeto a la vida.

Cochabamba, Tiquipaya, abril del 2010

[1] . Sur global: Grupos humanos que históricamente han sido confinados a una mayor vulnerabilidad económica y ambiental. Es un concepto geopolítico y cultural, no geográfico.

1. Considerando la falta de voluntad política de los países desarrollados para cumplir de manera efectiva sus compromisos y obligaciones asumidos en el Marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto, y frente a la inexistencia de una instancia legal internacional que prevenga y sancione todos aquellos delitos y crímenes climáticos y ambientales que atenten contra los derechos de la Madre Tierra y la humanidad demandamos la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática y Ambiental que tenga la capacidad jurídica vinculante de prevenir, juzgar y sancionar a los Estados, las Empresas y personas que contaminen y provoquen el cambio climático por acción u omisión.
2. El tribunal juzgará penal y civilmente a las naciones, Estados, así como a las transnacionales, multinacionales y a toda aquella persona natural o jurídica responsable de agravar los impactos del cambio climático y realicen actividades destructivas ambientales a la Madre Tierra. Las demandas  las podrán formular todos los pueblos, naciones, nacionalidades, Estados o personas naturales y jurídicas que hayan sido o no afectadas, sin la necesidad de haber agotado las instancias nacionales.
3. El Tribunal Internacional de Justicia Climática y Ambiental estará constituido por representantes de los pueblos, naciones, nacionalidades  y Estados comprometidos a respetar y cumplir los principios de este tribunal, con  jurisdicción y competencia  internacional.

El grupo de tribunal de justicia climática hace las siguientes recomendaciones.

1. Convocamos a los pueblos del mundo a acudir a los mecanismos jurídico legales existentes en sus países para procesar y sancionar a aquellos que atenten contra la Madre Tierra y la humanidad, cuyas acciones u omisiones agraven el impacto del cambio climático, demandando el cese inmediato de sus actividades.
2. Hacemos un llamado a los pueblos del mundo a unirse a la lucha constante y movilización por la consolidación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática y Ambiental, así como para ejercer presión a los gobiernos que no cumplen con sus compromisos adquiridos en el Marco de la Convención sobre Cambio Climático y el Protocolo de Kioto.
3. Llamamos a la población en general a educar y concientizar sobre los peligros que causa un sistema económico basado en el consumismo.
4. Instamos a los pueblos a proponer y promover una profunda reforma de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para que todos sus Estados miembros cumplan las resoluciones del Tribunal Internacional de Justicia Climática y Ambiental.
5. A los pueblos del mundo instamos  profundizar los debates desde diversos puntos de vista sobre la independencia, vinculación y constitución del Tribunal Internacional de justicia climática y ambiental en relación a los mecanismos multilaterales existentes.
6. Hacemos un llamado a los pueblos del mundo a unirse  a la lucha constante y movilización que está impulsando el Tribunal Ético de los Pueblos sobre Justicia Climática.
7. Respaldar a los Estados que presenten demandas en la Corte Internacional de Justicia contra los países desarrollados que no cumplen con sus compromisos de reducción de gases de efecto invernadero bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto.

En relación con el proceso, aunque se habla de un rescate del multilateralismo, la aprobación fue lograda a través de negociaciones en grupos pequeños y reuniones informales, que facilitaron la división de los países más pobres, usando mecanismos financieros para convencerlos de cambiar su posición. Este proceso lejos de ser democrático, reprodujo los esquemas de negociación de la OMC, donde la voluntad de unos pocos se impone sobre las necesidades de la población mundial.

En cuanto a los contenidos del acuerdo, no responden a la urgencia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para frenar los fenómenos climáticos extremos que afectan a la humanidad y ya han causado miles de muertes. Aunque se menciona la adopción de un segundo período de compromisos del Protocolo de Kyoto, no se explicitan fechas ni mecanismos para que ello ocurra y se incluye solamente la adopción de compromisos voluntarios. En consecuencia, las reducciones de gases que se adopten serán definidas por la voluntad de los países y no por una meta común global. En Cancún se demostró que los países del norte no están dispuestos a reducir sustancialmente sus emisiones.

La meta aprobada de aumento de la temperatura promedio global es de 2°C, la misma que había sido presentada en el llamado “Acuerdo de Copenhague” y que fue rechazada por ser insuficiente para evitar la desaparición de regiones enteras. A pesar de ello, ayer este límite fue aprobado. Además de ser insuficiente, no hay compromisos que garanticen su cumplimiento, con los ofrecimientos voluntarios se llegaría a un aumento de 5°C. Con esta meta se pone en riesgo la existencia de algunas islas y en menos de un siglo, la sobrevivencia misma de la humanidad.

El texto incluye la creación de mecanismos de flexibilización y compensación para que los países puedan cumplir con sus compromisos de reducción, esto no es más que la creación de nuevos mecanismos de mercado. Es la extensión de la lógica de la especulación financiera a las soluciones del clima, que hasta ahora sólo ha generado aumento de ganancias y ninguna reducción real de las emisiones.

En relación con financiamiento, aunque se aprobó la creación de un fondo global, no están garantizados los recursos, su origen ni la forma de implementarlos, el monto ofrecido es insuficiente para enfrentar realmente las consecuencias de la crisis climática. Aunque no se hizo explícito, países como EE.UU. expresaron el interés de que el Banco Mundial coordine ese fondo. El mismo Banco Mundial que ha promovido proyectos extractivos y contaminantes, ha generado el endeudamiento de los países del Sur y ha fomentado el modelo neoliberal en todo el mundo, ahora aparece como el encargado de buscar soluciones reales al cambio climático.

A pesar de las reiteradas críticas a las propuestas sobre bosques, el texto sólo incluye consideraciones financieras sobre el manejo de los mismos, se avanza cada vez más en los mecanismos de mercado y se desconocen los derechos de las comunidades sobre sus territorios. Los bosques son mercantilizados, al considerarlos como “sumideros de carbono”. En relación con transferencia tecnológica, se eliminaron del texto las referencias a la eliminación de los derechos de propiedad intelectual para el desarrollo de tecnologías alternativas y sustentables.

Bolivia había presentado propuestas que recogían las discusiones de los pueblos y organizaciones sociales, estas propuestas fueron ignoradas, no se hace mención a los derechos de la naturaleza ni a un tribunal vinculante de justicia climática. No existe ningún mecanismo para juzgar a los culpables del cambio climático y de las falsas soluciones, por el contrario, ahora tienen un marco jurídico para mantener su nivel de emisiones y reproducir los esquemas financieros de mercados de carbono.

Los gobiernos del mundo estaban en la obligación de buscar soluciones a la crisis y ofrecer respuestas para garantizar la sobrevivencia de la humanidad y no fueron capaces de hacerlo, el resultado de las negociaciones muestra que la lógica de la ganancia está por encima de la vida y el planeta.

Cancún, 11 de diciembre de 2010. Alianza Social Continental.

(Tom Kucharz*) 5 de enero, 2011.- La cumbre de Cambio Climático finalizó dejando de lado las propuestas de la justicia climática, relacionadas con el límite del aumento de temperatura a 1,5ºC, la responsabilidad de los países más industrializados en cambiar su modelo de producción y consumo -basado en los combustibles fósiles- así como en la forma en que se lleve a cabo la financiación de la lucha contra la crisis climática, o sea la reparación de la deuda ecológica del “Norte” con el Sur Global.

La clausura de la 16ª Conferencia de las Partes (COP16) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Cancún fue laureada como una “victoria”, un “paso adelante”, un “avance” o una “salvación del multilateralismo” por la mayoría de los gobiernos, observadores y medios de comunicación mainstream. Después del fracaso de Copenhague en 2009 y a raíz de los mensajes intencionadas de las grandes potencias, que anunciaron meses antes sus ’bajas espectativas’, y después de dos semanas de negociaciones el simple hecho de cerrar un acuerdo parecía suficiente. Lo que aparentaban como clamores de apoyo al texto de Cancún eran en realidad señales de desesperación y cansancio.

En relación con el proceso, aunque se habla de un rescate del multilateralismo, la aprobación fue lograda a través de negociaciones en grupos pequeños, reuniones informales y negociaciones ocultas, confrontando selectivamente a países o regiones entre sí, y usando mecanismos financieros para convencerlos de cambiar su posición. Este proceso lejos de ser democrático, reprodujo los esquemas de negociación de la Organización Mundial de Comercio (OMC), donde los intereses neoliberales de unos pocos se impone sobre las necesidades de la población mundial.

Como señalan algunas informaciones expuestas por Wikileaks, el mal llamado “Acuerdo de Cancún” no es el resultado de un proceso de consenso informado y libre, sino la consecuencia de una permanente ofensiva diplomática de EEUU y otras potencias, durante los meses previos a la COP16, y a puerta cerrada, torciendo el brazo y ofreciendo sobornos a los países pequeños para que se abstuvieran de su oposición al “No Acuerdo de Copenhague”.

Partiendo del hecho que EEUU es el mayor emisor de gases de efecto invernadero (GEI) per cápita en el mundo, nos debe alertar el hecho que el jefe negociador de EEUU, Todd Stern, aplaudió sin fisuras la propuesta de la presidencia mexicana de la COP16 y comentó que las “ideas que han estado como esceleto el año pasado [en Copenhague] y sin aprobarse, ahora son aprobados y elaborados”. Lo que significa que los resultados de las negociaciones en Cancún reflejan en sustancia los mismos resultados negativos del mal llamado “Entendimiento de Copenhague”. O sea, se ha llegado a convertir el ilegítimo y antidemocrático “No Acuerdo de Copenhague” en un acuerdo aprobado por mayoría -no por consenso como rigen las reglas de NNUU.

Entre los 194 países participantes, sólo Bolivia se atrevió a manifestar su discrepancia con el acuerdo (aunque Noruega matizaba después de finalizar la cumbre que la mayoría de la audiencia compartía las preocupaciones del país andino). Pero su voz quedó respaldada por las miles de personas que se manifestaron por la justicia climática, tanto en Cancún como en cientos de convocatorias alrededor del mundo. Bolivia defendió así en Cancún con dignidad y valentía una posición coherente y expresada por más de 30.000 participantes en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático realizada en Cochabamba el pasado mes de abril.

El negociador de Bolivia, Pablo Solón, lo expresó con contundencia durante la plenaria final, que se alargó hasta altas horas de la madrugada del 11 de diciembre, cuando dijo que la única forma de valorar si el acuerdo tenía algún ’ropaje’ era analizando si incluía compromisos firmes para reducir las emisiones y si era suficiente para impedir un cambio climático catastrófico.

En Cancún se demostró una vez más que las grandes potencias y poderes económicos siguen sin tener ninguna voluntad política para responder a la urgencia de reducir sustancialmente sus emisiones de GEI para frenar los fenómenos climáticos extremos que están causando más de 300.000 muertes al año y millones de refugiados. Aunque se menciona la adopción de un segundo período de compromisos del Protocolo de Kioto, no se explicitan fechas ni mecanismos para que ello ocurra.

En definitiva, los países y las industrias más contaminantes, así como el capital financiero –los que más se han beneficiado de la destrucción del planeta y de la quema de los combustibles fósiles– consiguieron además de evitar cualquier compromiso vinculante de reducir emisiones de GEI, crear un fondo climático que será administrado por el Banco Mundial, así como legalizar nuevos mecanismos de mercado, que abren una nueva ola de privatización de bosques y expulsión de comunidades de sus territorios, además de crear nuevas burbujas financieras especulativas.

Si analizamos los textos tomados en consideración durante la plenaria final, se puede concluir que el “Acuerdo de Cancún” amenaza de muerte a millones de personas. Se limita a confirmar las promesas voluntarias, totalmente inadecuadas, de reducir las emisiones del 13 al 16% para 2020 que se plantearon tras las negociaciones de Copenhague. De concretarse lo alli planteado se habría provocado al final de siglo un calentamiento global de entre 4 y 5ºC. Valga recordar aquí, que los nuevos estudios científicos sobre los impactos del cambio climático concluyen que es necesario revisar el objetivo de aumento de temperatura de 2ºC, y rebajarlo hasta 1,5ºC. Porque un aumento de más de 1,5ºC ya tendría consecuencias catastróficas en la población y los ecosistemas del mundo.

Los estados poderosos y más contaminantes se han buscado rutas de escape posibles para evadir sus responsabilidades: El texto dice que las emisiones nacionales deben tocar techo lo antes posible, pero no especifica cuál es ese techo, cuándo es lo antes posible, ni cómo lograrlo y tampoco qué consecuencias trae a los Estados que no lo cumplan.

Papel mojado

El Acuerdo de Cancún asienta que se deben completar los trabajos para prorrogar Kioto lo antes posible para que no haya brecha entre el primero y segundo periodo de cumplimiento, pero no especifica cómo, cuándo ni quién. Se trata de una formulación de papel mojado. Japón, Rusia y Canadá se habían negado a aceptar un segundo periodo de cumplimiento, y sin embargo han aprobado el texto de Cancún, lo que prueba que Kioto está en vía muerta. La mención en el texto de Cancún del “Artículo 20, parafo 2, y Artículo 21, parafo 7 del Protocolo de Kioto” sirve como recordatorio clave que ningún país está obligado a establecer metas de reducción en la segunda fase de Kioto. Su inserción ha sido esencial para ganar el apoyo de Japón para el acuerdo de Cancún, han expresado fuentes de las delegaciones de los EEUU, Japón y la UE.

El texto de Cancún sólo son promesas vacías, sin valor jurídico, sobre movilizar fondos, reconocer la necesidad de reducir emisiones, abrir procesos, evaluar en el futuros. Sin embargo, incluye la creación de nuevos mecanismos de flexibilización y compensación (incluyendo nuevos mercados de carbono, tecnologías no probadas y el acaparamiento de tierras), para que los países puedan seguir contaminando y fingiendo que cumplen con sus compromisos de reducción. Por eso les interesa salvar del Protocolo de Kioto la base jurídica de los mercados de carbono para asegurar la continuidad y expansión de los mecanismos basados en el mercado, incluso después de poner fin a Kioto. Es la extensión de la lógica de la especulación financiera a las falsas “soluciones” al cambio climático, que hasta ahora sólo ha generado aumento de beneficios en manos del capital transnacional y han agravado las violaciones a los Derechos Humanos y derechos indígenas.

“La Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático se ha convertido de facto en una nueva Organización Mundial de Comercio de Carbono”, señala acertadamente Silvia Ribeiro, del Grupo ETC, “los muertos los sigue poniendo el Sur global”. Al centrarse en los enfoques de mercado como el comercio de carbono, la convención se ha convertido en la “OMC del cielo”, argumentó la red Indigenous Environmental Network (IEN). “Los pueblos indígenas de Norte a Sur no se pueden permitir estas injustas y falsas ’soluciones’, porque el cambio climático está matando a nuestros pueblos, las culturas y los ecosistemas. Debido a que estamos en la primera línea de los impactos del cambio climático, llegamos a la COP16 con una llamada urgente de abordar las causas profundas de la crisis climática y con la demanda fundamental para redefinir la relación de la sociedad industrial con el planeta”, concluye el comunicado de Indigenous Environmental Network.

Desde el día de la apertura a los momentos de cierre de las negociaciones, las voces y opiniones disidentes fueron censuradas, silenciadas y varios activistas expulsados del recinto oficial de la cumbre. Las miles de personas que se reunieron en las calles de Cancún para rechazar los mecanismos de mercado y pidiendo el reconocimiento de los derechos humanos e indígenas, fueron ignorados.

Además, los países poderosos conseguieron debilitar y someter a los países del G77, en particular los africanos y la Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS, por sus siglas en inglés), con promesas de dinero insignificantes (en particular relacionado con los nuevos mercados de carbono basados en los mecanismos propuestos por NNUU de Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de los Bosques – REDD) o con nuevas deudas financieras y condicionantes, como los créditos del Banco Mundial anunciados en Cancún, para que validen el falso acuerdo.

En relación con el financiamiento, aunque se aprobó la creación de un “Fondo Verde para el Clima”, no están garantizados los recursos, su origen ni la forma de implementarlos, la cantidad ofrecido es insuficiente para enfrentar realmente las consecuencias de la crisis climática (más de US-$ 275.000 millones al año). Sobre la decisión de transferir al Banco Mundial (BM), la gestión del nuevo fondo -de 30.000 millones de US-$ hasta 2012 y 100.000 millones de US-$ por año (a partir de 2020)-, es totalmente inaceptable y peligroso porque sus estructuras son antidemocráticas y sus programas siguen financiando grandes proyectos de combustibles fósiles que provocan más cambio climático.

En 2010 el Banco Mundial ha batido sus propios recórds en créditos para megaproyectos como centrales térmicas de carbón, oleo- y gaseoductos, refinerías y minería a cielo abierto, así como monocultivos agroindustriales como palma aceitera, entre otros. El BM ha generado el endeudamiento de los países del Sur y ha fomentado el modelo neoliberal en todo el mundo. Además, los países más vulnerables por el cambio climático son los menos representados dentro del BM y los que más necesidades tienen de acceder a los recursos. El Banco Mundial tuvo una destacada presencia en Cancún, aunque, obviamente, mucha actividad se llevó a cabo en la trastienda.

El presidente del Banco, Robert Zoellick, anunció un nuevo partenariado para la financiación para ayudar a los “países en desarrollo” establecer mercados de carbono. La iniciativa fue inmediátamente apoyado por Australia, los EE.UU. y la Comisión Europea. El Banco y otros poderes públicos y privados anunciaron un plan de trabajo para la Acción sobre “Agricultura, Seguridad Alimentaria y Cambio Climático”, que pretende “aumentar la productividad agrícola” (o sea una nueva “revolución verde”) y convertir diferentes “soluciones” del sector, como el secuestro de carbono en el suelo y el uso industrial de biomasa, en nuevos grandes negocios.

En Cancún se mostró una oposición contundente de las organizaciones sociales y también de muchos gobiernos del Sur a los mecanismos para la Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD) al considerarlos una privatización de los bosques y una falsa solución por retrasar las medidas que tienen que tomarse en los países emisores, como el abandono de las energías fósiles. Pero a pesar de ello, REDD fue aprobado en Cancún, lo que podría resultar en un despojo de tierras inmenso, violando gravemente los derechos humanos de millones de personas.

Zoellick fue muy claro en la defensa de un acuerdo internacional “REDD+”, incluyendo los nuevos negocios ligados a los servicios ambientales y la diversidad biológica, y anunció la “Iniciativa de Mercado de Vida Silvestre de primera calidad”. El Banco Mundial está creando nuevos vehículos de financiación para REDD+, incluido el BioCarbon Fund, el Forest Carbon Partnership Facility, el Forest Investment Program, conjuntamente con los bancos regionales y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP).

Se estableció un “comité de tecnología” eliminando las referencias a las barreras que constituyen las patentes y las reglas comerciales internacionales de propiedad intelectual para la transferencia de tecnología limpia al Sur y da amplia participación a las multinacionales para imponer sus tecnologías. Los derechos de los pueblos indígenas son mencionados decorativamente, sin efecto real.

Entre muchos otros resultados negativos destaca que los proyectos de captura y almacenamiento de carbono (CAC) sean ahora elegibles para créditos de carbono bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto – algo por lo que Arabia Saudita, Australia, Kuwait y Venezuela presionaron duramente. Se trata de una tecnología muy controvertida, insegura y cara. Desafiando las objeciones por motivos de costes, viabilidad, posibles impactos medioambientales y contra la oposición pública, la industria más pesada y sucia ha presionado para conseguir apoyo financiero de la UE para la CAC.

Recientemente se conoció por informes de Spinwatch y Corporate Europe Observatory1 que las empresas europeas más contaminantes, como Endesa, BP, Shell y Vattenfall, consiguieron subvenciones públicas de cientos de millones de euros de la UE para proyectos piloto de esta tecnología, al comprar voluntades en el Parlamento Europeo y la Comisión Europea en Bruselas. Lograron su primer gran victoria en octubre de 2009, cuando funcionarios de la UE anunciaron que 1.050 millones de euros del fondo de la recuperación económica de la UE irían para apoyar proyectos piloto de CAC.

Pero todo esto era nada comparado con los fondos que la industria luego obtuvo a través del sistema de comercio de emisiones de la UE. El lobby de la industria fue apoyado por los gobiernos nacionales en defensa de sus más grandes multinacionales (la británica BP y holandesa Shell) y fue un enorme éxito: conseguieron arrancar de la Comisión Europea la obtención de fondos para la CAC a partir de la tercera fase del plan de la UE de comercio de emisiones. Esto vendrá en forma de 300 millones de derechos de emisiones con un valor de entre 4-7.000 millones de euros, en función del precio del carbono.

En Cancún no hubo un pequeño paso hacia delante, como claman desafordunadamente muchas grandes ONG. Entre otras, Greenpeace Internacional, que el año pasado tildó el Acuerdo de Copenhague, casi idéntico de una “escena de un crimen”, dijo que Cancún representa “una señal de esperanza que vuelve a sentar las bases para alcanzar un acuerdo mundial para luchar contra el cambio climático”. Oxfam Internacional siguió la misma línea, afirmando que “los negociadores han resucitado las conversaciones de la ONU y las han puesto en vías de recuperación”. Por el contrario, se abrió la puerta a una mayor mercantilización del clima y de los bienes comunes. Según la Vía Campesina, una organización internacional que lucha por la Soberanía Alimentaria, “el balance es negativo para la humanidad, pues se abrieron las puertas al gran capital y a las trasnacionales para que continúen con sus negocios”.

Los gobiernos están en la obligación de garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos, lo que implica respuestas a la crisis ambiental, y no fueron capaces ni tienen la intención de hacerlo. Cancún muestra una vez más que la lógica del capital está por encima del derecho a la vida.

Por todo ello es más urgente que nunca que los movimientos y organizaciones sociales conviertan la justicia climática en una reinvindicación prioritaria y transversal, unificando las luchas por la justicia social y contra la crisis (Huelga General, reforma del sistema financiaro, ocupación de tierras y fábricas, etc.) con las campañas de justicia ambiental (antinuclear, transición energética, contra grandes infraestructuras, decrecimiento económico, agroecología, etc.), con el fin de aumentar nuestras capacidades de transformación social, movilización y presión política.

El negociador de Bolivia, Pablo Solón, lo expresó con contundencia durante el plenario final, que se alargó hasta altas horas de la madrugada del 11 de diciembre, cuando dijo que la única forma de valorar si el acuerdo tenía algún peso era analizando si incluía compromisos firmes para reducir las emisiones y si éstos eran suficientes para impedir un cambio climático catastrófico.

Los países y las industrias más contaminantes, así como el capital financiero —los que más se han beneficiado de la destrucción del planeta y de la quema de los combustibles fósiles— consiguieron evitar cualquier compromiso vinculante de reducir emisiones de gases de efecto invernadero; crearon un fondo climático que será administrado por el Banco Mundial; legalizaron nuevos mecanismos de mercado, que abren una nueva ola de privatización de bosques y expulsión de comunidades de sus territorios y que generará nuevas burbujas financieras especulativas.

* Tom Kucharz es miembro de Ecologistas en Acción

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